El tema de la semana es jánico, tiene dos caras. Por un lado el ajustamiento de la representación parlamentaria a la realidad de votos engullidos por las urnas. Por otro, la justicia de la propia democracia representativa. La primera se suele presentar como una cuestión meramente técnica (¿qué sistema aplicamos para el reparto de escaños?); el segundo aparece a veces como un problema casi filosófico. En el fondo, ambas caras convergen en un único rostro: el político.

Vayamos por partes, que diría Jack. La representación parlamentaria de algunos estados, entre ellos Hespaña, viene determinada por un método matemático, que llamamos sistema D’Hont (el belga Victor D’Hont fue su inventor en 1878), aplicado a una circunscripción que es, ojo, no autonómica sino provincial. Es sabido que el sistema D’Hont refuerza las mayorías. En realidad, sin embargo, habría que matizar que lo hace, en el caso hespañol, al ser aplicado sobre la base de una circunscripción provincial.

Así las cosas: ¿por qué el método D’Hont? Hay otros sistemas, algunos de los cuales no solo no castigan las minorías sino que intentan protegerlas. Ahora bien, después de la experiencia republicana de los años 30 (nunca elogiada lo suficiente) se consideró necesario, en pro de la gobernabilidad, segar los pies de los pequeños partidos y premiar a los más votados. En nuestro actual ordenamiento político esto se hace en diversas calidades: hay algunos parlamentos autonómicos, por ejemplo, que maldicen a los partidos minoritarios doblemente. Primero exigiendo un 5 por ciento de votos para entrar en el juego parlamentario, después aplicando el propio sistema D’Hont.

Y así desembocamos en el problema más de fondo y fundamento, en el que la política tiene que dejar de verse desde perspectivas meramente técnicas. En pro de la gobernabilidad, decíamos. Vivimos todavía en el estado-nación forjado hace siglos. Cuando dicha forma de gobierno se democratizó algunos miraron a Grecia. La polis aparecía como un ideal de comparación. Pero polis y moderno estado-nación se diferencian en un punto esencial: el tamaño. La democracia directa tenía que dejar paso a una democracia representativa. No había otra solución.

¿Pero no la habría? Cuidado: también la democracia representativa está sujeta a distintas calidades. Una democracia representativa como la actual, americanizada por arriba y burocratizada por abajo, es tal vez la peor de todas, aquella en la que los ciudadanos son tratados única y exclusivamente como votantes, mientras a la sociedad civil en su conjunto se la trata como menor de edad.

Quizás la democracia directa como tal sea una quimera. Pero nunca lo será inocular en el sistema formas de deliberación, decisión y actuación, propias de la democracia directa, revitalizando así un corpus político que, a día de hoy, parece estar grave e intencionadamente enfermo. Pues la representatividad de hoy lo ha dejado de ser de los ciudadanos, esto es, política, para convertirse en mera re-producción de espúreos intereses ideológicos, mediáticos y económicos. De nuevo, el desierto crece…

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